Por: Gisela Rubach Lueters Las elecciones de medio periodo en México se han convertido en el mejor indicador para tasar la fuerza con la que el presidente Felipe Calderón se conducirá durante la segunda mitad de su mandato, para medir la capacidad que tendrá al ejecutar sus proyectos más ambiciosos, el impulso que podrá imprimir a la plataforma política del elegido para sucederlo y de la fuerza con la que llegarán los candidatos opositores al inicio de las elecciones presidenciales. Prescindiendo de las condiciones inmediatas y circunstanciales de las campañas electorales en ciernes (procesos de selección de candidatos que no provoquen fracturas, campañas sintonizadas con el nuevo marco legal electoral, adecuada selección de candidatos y mensajes, etcétera) existen cuatro factores que limitan significativamente las posibilidades del partido del primer mandatario para que pueda obtener una mayoría en la Cámara de Diputados:

• Los recientes tropiezos de la economía mexicana (y su evolución probable de aquí al día de la elección).
• Los errores cometidos por el gobierno federal en su guerra contra la delincuencia organizada.
  
• El dominio que el PRI ejerce sobre 18 gobiernos estatales, y
  
• El desplome electoral del PRD.

Para el gobierno federal parte del problema está en el momento político en el que la economía mexicana podría empezar a resentir presiones inflacionarias y cómo generar nuevos empleos, en lugar de producir despidos. Los encuestadores saben que hay dos variables frente a las que el electorado mexicano es extremadamente sensible: la inflación y el crecimiento económico, en pocas palabras, el bolsillo. De acuerdo con las estimaciones del Banco de México, la inflación en el 2008 alcanzará el 6 por ciento (el peor resultado para este indicador desde el año 2000), mientras que en el primer semestre del 2009 se situará en cerca del 4.5 por ciento. Para lo que resta del 2008, la economía sólo crecería 1.7 por ciento y el repunte económico para el 2009 (el escenario más optimista prevé un crecimiento de las economía en 1.8 por ciento, que por cierto se ve muy difícil) ocurrirá en el segundo semestre del año.

Es decir, nos encontramos ante una convergencia de variables económicas que no dejarán bien parados a los candidatos de Acción Nacional de cara a la renovación de la Cámara de Diputados: repunte inflacionario y bajo crecimiento económico. Ahora la pregunta ante la opinión pública es, ¿quién es el culpable de toda esta situación, el gobierno federal o la situación internacional?

Es cierto que muchos analistas estiman que el precio del barril del petróleo se mantendrá en niveles elevados —por encima de los 100 dólares para la mezcla mexicana— y que la base tributaria se ha incrementado y seguirá incrementándose gracias a lo recaudado con el IETU, pero todo parece indicar que el gobierno de Felipe Calderón no podrá reunir los recursos suficientes para hacer crecer la inversión por encima del gasto corriente en los balances de las finanzas públicas. Al menos no antes del 5 de julio.

Por otro lado, la estrategia de lucha contra la delincuencia del gobierno federal —a pesar de los logros obtenidos y los que se promocionarán en el futuro— adolece de una contradicción insalvable: el reflujo mediático que produce la indignación ciudadana de saber que los líderes de las bandas de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, son integrantes de las fuerzas de seguridad pública o gozan de la protección de las corporaciones policíacas. Los éxitos (detenciones, aseguramientos, congelamiento de cuentas y desarticulación de bandas) se desvanecen casi de inmediato al conocerse la identidad de los delincuentes y ante el tipo de cobertura mediática que reciben las víctimas de los delitos que se comenten en nuestro país hoy en día. Y ello sin que Washington haya cumplido con su parte del trato. Se supone que los americanos pondrían el dinero y nosotros los muertos. Desafortunadamente, hasta ahora, nosotros hemos provisto sobradamente ambas cosas.

En un contexto de repunte inflacionario, bajo crecimiento económico y de percepción ciudadana de ineficacia gubernamental frente al avance de la delincuencia, la única manera en la que el Presidente y su partido podrían incrementar o mantener el número de curules bajo su control en la Cámara de Diputados era seguir la receta salinista de 1991: golpear a la izquierda, “calentar” la economía mexicana y administrar las expectativas ciudadanas mediante golpes mediáticos de alto impacto. Descartadas estas dos últimas opciones, la actual administración terminó apostándole y aferrándose al desgaste del PRD.

Es difícil desligar el fallo del Tribunal Federal Electoral en torno a la disputa por la presidencia del PRD, del interés objetivo del gobierno federal para arrancarle un gajo a la base electoral de López Obrador. Dicha decisión puede en efecto debilitar al movimiento lopezobradorista y al PRD en su conjunto, pero para que un segmento electoral amarillo vote por los candidatos del PAN habría que encontrar medidas para atenuar la sensibilidad de estos sectores frente al aumento del precio de las gasolinas, a la caída del empleo, al incremento de la cartera vencida en tarjetas de crédito y al repunte de la inflación. Intervenir en la vida interna del PRD entrañaba serios peligros, pero golpearlo demasiado fuerte puede provocar una amenaza desproporcionada para el futuro del PAN de cara a las elecciones del 2009: fortalecer electoralmente al PRI.

Y si a ello sumamos el aparente acuerdo de sectores representativos del PRI para no fracturar a su partido durante el proceso de designación de candidatos en los comicios del próximo año, la disponibilidad de recursos adicionales que los gobernadores priístas han venido negociando en el Congreso a cambio de la aprobación de las sucesivas reformas “estructurales” calderonistas, la racha ganadora que el tricolor ha mostrado en los últimos procesos electorales estatales y la innegable capacidad de arrastre de 18 gobernadores priístas que se mantienen en campaña permanente, es muy probable que Felipe Calderón tendrá que vérselas con un liderazgo priísta fuerte en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. De allí su decisión de enviar a su exsecretario particular César Nava a operar desde San Lázaro.

Es más o menos la misma historia de 1997 y del 2003. Felipe Calderón será un presidente encorsetado, impedido por el andamiaje constitucional mexicano para ejercer un liderazgo eficaz y decidido durante la segunda mitad de su mandato. A casi 15 años de haberse eliminado la “cláusula de gobernabilidad” de la Constitución, ningún presidente ha podido conjurar al fantasma que rondó el segundo trienio de sus períodos de gobierno: la parálisis. Y todo parece indicar que Felipe Calderón no será la excepción.?