Por: Gisela Rubach Lueters El quince de diciembre pasado, digamos que justo a la mitad de su periodo, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión una propuesta de reforma política, presentada en forma de decálogo para que sea mejor digerida, entendida, debatida y en su caso aceptada o rechazada. La cual ahora está siendo promovida por diferentes voceros y publicitada en diversos medios. Veamos punto por punto: Uno. Permitir la elección consecutiva de alcaldes y demás miembros de ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República y en los municipios hasta por un periodo de 12 años. La reelección puede funcionar, porque de esa forma abiertamente los representantes populares estarán en campaña siempre, incrementando el perfil mediático y de contacto social cuando se acerque el periodo de elección. Sin embargo, se corre el riesgo de que también crezca el cacicazgo con el manejo permanente del presupuesto municipal.

Dos. Permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con periodos límite de 12 años. Tal vez incrementaría las visitas de los diputados en sus distritos y promovería mecanismos de contacto más efectivos, no sólo del mundo virtual sino del real, más allá de sus oficinas de representación. Y pueden dibujar una propuesta de largo aliento que incluya ahora sí ideas propias, iniciativas más terrenales y no sólo las que dicte su partido.

Tres. Reducir el número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 400 legisladores, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional. No es la primera ocasión que se plantea, pero tal vez sí la primera en llevarse a cabo, pues en una época de crisis y recortes, el Congreso de la Unión debe seguir esa tendencia, y si bien el ahorro real no es significativo, en cuanto a la percepción de la gente sí se notaría un adelgazamiento de la nómina en muchos sentidos. Además, de esta forma el ganar un espacio en la lista de plurinominales sería más competido, digamos como una elección interna.

Cuatro. Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%. La esencia de la participación de otras fuerzas políticas se desvirtúa cada vez más al ver los nombres y sus procedencias de los representantes de estas fuerzas electorales. Hay eso sí demasiados partidos en México, pero no tantos como en otros países, sin embargo no se trata de números sino de la ideología que abanderan, de las acciones que realizan y de los resultados que dan como gobierno. Además no es secreto que en México varios partidos políticos han sido más negocios familiares que opciones electorales.

Cinco. Agregar la figura de iniciativa ciudadana para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa. El romanticismo del gobierno con sus ciudadanos en una de las formas más puras. Hay muchos ciudadanos que tienen mejores ideas que algunos representantes populares, pero de allí a que un ciudadano común pueda proponer una iniciativa de ley se ve distante, lo cierto es que de nueva cuenta los grupos de poder pueden hacer llegar propuestas directas saltándose a los diputados, generando un nuevo participante en el escenario político.

Seis. Incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Un logro para aquellos que han luchado por este derecho (que no es exclusivo de Jorge G. Castañeda) y para todos los ciudadanos puesto que así dejará de ser exclusivo esa prerrogativa de los partidos políticos y más de un ciudadano de a pié querrá lanzarse pues estará en su legítima forma de ejercer una opción que le garantiza la ley.

Siete. Implementar la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República. Se elegirá como presidente a quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos, en caso contrario pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número de votos. Ésta se realizaría en la misma fecha de la elección legislativa. La idea es que exista una mayoría simple (50 más uno) que elija al presidente, el problema mayor estriba en que en una dinámica tripartidista como la nuestra en la primera vuelta difícilmente obtendrá esa mayoría uno de los tres partidos nacionales, por lo que dos cosas sucederían: la segunda vuelta será casi automática, y el tercer lugar venderá al mejor postor su apoyo, y su gente, aunque no garantice sus votos. Y es allí nuevamente donde se perderá la esencia democrática de este principio.

Ocho. Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. Suena lógico, quizá algo ofensivo ese “ámbito de su competencia” pues al ser uno de los tres poderes de la nación debería de ser casi cualquier tema de su competencia, también es un reconocimiento a su papel definitorio en buena parte del debate nacional, de esta forma, se le da mayor peso como actor, con voz y voto, y ya no será sólo espectador que veía los toros desde la barrera, ahora también tendrá un capote (para seguir la jerga de la fiesta brava) y correrá sus consabidos riesgos.

Nueve. Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario éstas se considerarían aprobadas. Ahora sí que es la fórmula para que pase una propuesta presidencial de manera automática, sin debate ni posturas de los diferentes actores. Legalmente puede ser viable, legítimamente no, el mayor detalle de este punto radica en saber qué iniciativas pueden ser: la reforma energética, la educativa, la de salud. De todos modos en el supuesto de que acceda de manera natural, por llamarlo de alguna forma, el Congreso puede modificarla. El error de muchas de las propuestas el Presidente ha radicado en no hacer una negociación previa, un trabajo de loobing que haga más accesible el paso de la iniciativa, sea cual sea ésta, en los pasillos de los partidos políticos, quedando así propuestas mochas o remachadas en lugar de nutridas y consensuadas.

Diez. Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece la figura de la reconstrucción presupuestal. Cómo serán esas observaciones: ¿totales o parciales?, si son del estilo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pasará nada más allá de los dimes y diretes en las declaraciones, pero si esa llamada de atención trae consigo una penalización mayor, digamos su revocación o no publicación en el Diario Oficial de la Federación y por ende su impedimento para llevarse a cabo, ya se está hablando de otra cosa.

Ahora bien, lo que hay que preguntarnos es hasta dónde dejarán los legisladores mexicanos que llegue esta propuesta de reforma política en un contexto donde lo que está en juego es un tercio de las gubernaturas del país que definirán en gran medida el pulso económico y político electoral del 2012.
No habrá tiempo para mucho debate sobre la reforma política, y si bien es cierto que de parte del presidente Calderón ya está el paso dado, y sabe que no todos los diez puntos le serán aprobados, el simple hecho de mandarla es síntoma de movimiento, la reacción que haya será otro motivo de debate. Hay que esperar para ver las reacciones tanto en declaraciones como de facto en el Congreso de senadores como Manlio Fabio Beltrones, y de los diputados de gobernadores como Enrique Peña Nieto y Fidel Herrera.
Por cierto, se comenta que se está trabajando en un paquete adicional de reformas. ¿Copia del modelo francés?